Desde la Rectoría de Justicia Restaurativa se colidera grupo de trabajo de COPOLAD
- Se busca la mejora de los resultados para el desarrollo de políticas de control de la oferta, proporcionalidad de la ley penal en materia de drogas y el desarrollo de alternativas al arresto o al encarcelamiento en caso de delitos menores sobre drogas.
El magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas participó en la primera actividad del grupo de trabajo que busca la mejora de políticas de control de la oferta, proporcionalidad de la ley penal en materia de drogas y el desarrollo de alternativas al arresto o al encarcelamiento en caso de delitos menores sobre drogas, del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe denominado COPOLAD.
“Este grupo de trabajo nos reúne, porque estamos en la obligación de reflexionar, y tomar conciencia, que el derecho penal máximo, como lo conocemos, no ha podido dar los efectos que esperamos tener, que la finalidad del derecho penal de la reintegración de la persona, basado e impulsándolo desde una pena de prisión, no está dando los resultados esperados”, afirmó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro.
Agregó que “con ello no quiero confundir y hacer creer que se debe pensar en la desaparición del derecho penal o de la prisionalización, por el contrario, la cárcel existe y seguirá existiendo, pero lo que debemos, como autoridades, es buscar la humanización del derecho penal. Porque castigar por castigar, no debe ser el norte de las políticas, más bien se debe analizar, aquellas acciones que permitan al derecho penal, entender la pena de prisión con el último recurso y ante vulneraciones a bienes jurídicos de altísimo valor”.
“Requerimos del análisis de conductas delictivas y su penalización, una valoración que debe trascender la teoría del delito, que debe involucrar y colocar en el centro a las personas, para que una vez que interviene el derecho penal, se pueda concluir que se cumple su finalidad de contribuir al status quo, del orden social del estado democrático respetuoso de los Derechos Humanos. Por ello debe cambiarse el paradigma del Derecho Penal, que lo asocia inmediatamente con la pena de prisión, cuando en nuestras legislaciones existen otras alternativas, tanto antes de llegar a una etapa de juicio, como incluso en la propia imposición de penas no privativas de libertad”, puntualizó el magistrado Alfaro Vargas.
La actividad contó con el conversatorio: “El abordaje de los delitos menores relacionados con drogas: retos y desafíos”, con la participación de Juan Carlos Pérez Murillo, desde su cargo como Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y director de la Defensa Pública. Pérez Murillo resaltó que el debate regional sobre la necesidad de tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública, nos permite analizar la importancia de buscar, realizar y ejecutar acciones conforme a los derechos humanos. Este tema requiere una estrategia integral, que incorpore aspectos de salud pública, educación, integración social, seguridad humana y que mitigue las amenazas, los riegos de las adicciones y el delito asociado a ellas.
Durante la sesión virtual, también se contó con la intervención del Javier Salgado, Director del Programa COPOLAD III, Cheryl St. Louis desde Trinidad y Tobago coliderando el grupo de trabajo, Luis Felipe Cruz Olivera investigador y académico, así como la señora Beatriz López Lorca desde COPOLAD. Adicionalmente se proyectó el video testimonial “el impacto de las medidas penales en la vida de las personas jóvenes involucradas en delitos menores de drogas”.