• Foro legislativo analiza proyecto de ley y experiencia del Poder Judicial.

Autoridades judiciales compartieron la experiencia del Poder Judicial en la aplicación de la justicia restaurativa, en el marco del foro legislativo que se realizó para discutir la propuesta de promover el uso de medidas alternas a la prisión en delitos contra la propiedad no violentos y de cuantías menores.

El foro denominado “Retos y desafíos para una justicia penal restauradora con las víctimas, eficiente y resocializadora en los delitos contra la propiedad no violentos”, fue organizado por la diputada Silvia Sánchez Venegas, para iniciar la discusión sobre el proyecto de ley que propuso recientemente a la corriente legislativa y que aborda este tema.

“La Justicia Restaurativa es una respuesta evolutiva del delito, que trata con igual dignidad a todas las personas y promueve la armonía social, mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades”, destacó la magistrada Doris Arias Madrigal, quien expuso sobre los objetivos y logros del Programa de Justicia Restaurativa.

Destacó que el Programa ya trabaja en San José, Pavas, Heredia, y, a partir del 18 de mayo, en Pérez Zeledón y Pococí, y cuentan con una Red de Apoyo Interinstitucional, que la integran organizaciones no gubernamentales y estatales, comprometidas a recibir a estas personas que delinquen. A nivel general, la Red cuenta con 334 organizaciones inscritas y en penal juvenil la Red suma 500 organizaciones.

Arias Madrigal destacó que la Justicia Restaurativa resulta menos costosa que los procesos ordinarios, además de que en dos años de trabajo se ha registrado un cumplimiento de los planes del 95%, esto implica que el caso no regresa al sistema de administración de justicia.

“La Defensa Pública asume un 87% de los casos en procesos penales y casi el 100% en la etapa de ejecución, es decir, asume todos los procesos de las personas que son sentenciadas cuando va a audiencia ante jueces de ejecución de la pena”, destacó la Directora de la Defensa, Marta Iris Muñoz Cascante, quien expuso sobre el impacto de la legislación actual, específicamente de los delitos contra la propiedad en el sistema penitenciario y jurisprudencial costarricense.

Muñoz Cascante señaló que con la reforma legal del 2009, que transformó las contravenciones en hurtos y que introdujo los procesos de flagrancias, se incrementó la situación de hacinamiento carcelario hasta alcanzar en este momento un 50%.

Indicó que el 40% de los delitos que se cometen en el país son contra la propiedad, seguidos por las infracciones a la Ley de Psicotrópicos, delitos sexuales y contra la vida.

“La mayoría de las personas privadas de libertad son menores de 18 años y hasta los 39 años. Las estadísticas también permiten detectar que el 82% de las personas privadas de libertad, tienen secundaria incompleta, lo que indica que 11817 jóvenes no tendrían posibilidad de tener un trabajo bien remunerado después de salir de la cárcel”, afirmó Marta Iris Muñoz.

Añadió que también se atienden a personas privadas de libertad que son agredidas en su primer ingreso y otras situaciones diversas, que en algunas ocasiones deben enfrentar por descontar penas por robos de artículos de muy bajo valor, a quienes se les pudo aplicar alguna medida alterna no privativa de libertad.

Para la legisladora proponente del proyecto de ley 19 490, el objetivo es que el sistema le brinde una solución alterna en los casos de delitos contra la propiedad no violentos y promover la inserción de estas personas a la sociedad.

El foro de panelistas estuvo integrado por la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, las diputadas Karla Prendas Matarrita, Silvia Sánchez Venegas, la magistrada Doris Arias Madrigal, el abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UCR, Javier Llobet Rodríguez y el diputado Antonio Álvarez Desanti como moderador.