Entrevista realizada por CARLOS BERBELL 

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Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, conocidos mundialmente por sus siglas MASC (mediación, conciliación, arbitraje), han encontrado en Costa Rica uno de los terrenos mejor abonados para su florecimiento. Como alternativa a la justicia tradicional. De hecho, son más baratos, más rápidos y dejan más satisfechos a las partes que la justicia ordinaria.

Es una apuesta decidida no sólo del Poder Judicial “tico” sino también del Ministerio de Justicia y Paz que, paralelamente, viene actuando en este terreno desde hace más de quince años a través de “Casas de Justicia”. Un servicio dirigido a las personas con menos recursos para ayudarles a solucionar sus problemas legales y conflictos de relaciones de todo tipo a un costo cero o casi cero.

En la actualidad el Poder Judicial costarricense impulsa varios programas de esta índole, de los que destacan dos en especial, los principales: El Centro de Conciliación del Poder Judicial, por una parte, y Justicia Restaurativa, por la otra.

Este Centro de Conciliación, que tiene su sede central en la capital, San José, y cuenta con delegaciones en las principales ciudades del país. Funciona sobre la base de la mediación de un juez, que opera con el objetivo de conseguir la conciliación entre las partes. Sus 14 “jueces conciliadores” –Costa Rica tiene una población de 4,7 millones de habitantes- median entre las partes –y sus abogados- y las conducen hacia el acuerdo final alrededor de una mesa redonda.

Lo que hace especial a estos “jueces conciliadores", que dirige el juez Alberto Solano, es su capacidad de reunir litigios de diferentes jurisdicciones –laboral, civil, penal y contencioso-administrativo- y resolverlos en un solo acto y en una sola sentencia, con la anuencia de las partes (quedan excluidos de su capacidad los delitos graves y la violencia de género). Y lo hacen cinco veces más rápido que la Justicia tradicional y a un costo infinitamente menor.

Las cifras hablan por ellos: 45.573 asuntos resueltos entre 2007 y 2008.

La unidad de jueces conciliadores que después se convirtió en el Centro de Conciliación del Poder Judicial fue impulsada por el magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Rolando Vega. "Lo que me inspiró para poner en marcha esta iniciativa era la baja eficacia de la justicia penal. Había que acelerar aquello. Había que darle aire. ¿A quién servimos? A la ciudadanía. Son los ciudadanos los que pagan nuestros salarios con sus impuestos. Aquello que, para muchos, era una apuesta arriesgada hoy es una realidad", cuenta el magistrado costarricense.

“Nuestro nivel de eficacia es muy alto”, explica el juez Solano. “Porque no actuamos como los jueces tradicionales. Dejamos que las partes se expresen de la forma que saben, exploramos sus necesidades y les conducimos hacia el acuerdo voluntario que, entendemos, en muchas otras jurisdicciones del mundo sería impensable. Pero es posible. Nosotros lo demostramos todos los días”.

Costa Rica está próxima, y encaminándose, hacia el sistema “multipuertas” propuesto en 1976 por el profesor de la Universidad de Harvard, Frank Sander, que ha echado raíces en Estados Unidos y en otros países democráticos. En este sistema, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir la solución que mejor pueda servir a sus intereses: un proceso de mediación, un proceso de arbitraje o el proceso de Justicia tradicional.

Todavía falta en el engranaje judicial esa pieza final que permita a los justiciables el acceso directo al Centro de Conciliación. En estos momentos se produce por tres vías: cuando se lo remite el juez del caso, por petición del juez conciliador o a petición del interesado.

Este quizá sea el talón de Aquiles de los MASC en Costa Rica, que su existencia no sea ampliamente conocida por la ciudadanía. Su avance se produce por el boca a boca. Por ello, el programa Eurosocial II, de la Unión Europea, ha contribuido a dar un impulso a su conocimiento mediante la implementación de un plan estratégico para su difusión.

En esta ecuación juega también un papel muy importante el programa de Justicia Restaurativa que impulsa la magistrada de la Corte Suprema costarricense, Doris Arias, desde 2012.

Justicia Restaurativa está dirigida a lo que en Costa Rica se definen como “primarios”, personas que han delinquido por vez primera, sin antecedentes penales. Y se configura como una solución, junto a los jueces conciliadores, para el gran problema del hacinamiento en las cárceles.

Esto fue consecuencia de la sensación de la existencia de un estado de impunidad en Costa Rica en 2008. Los medios de comunicación relataban casos de delincuentes reincidentes que conseguían la libertad de forma inmediata, tras haber sido puestos a disposición judicial. La tasa de delitos por cada cien mil habitantes aumentó de 135 a 295. Los robos habían crecido un 700 por ciento, los delitos vinculados al narcotráfico se elevaron un 280 por ciento, las agresiones físicas se duplicaron y los homicidios ascendieron al 50 por ciento.

Esto dio pie a la introducción, en 2009, de los llamados tribunales de flagrancia, que actúan en cuestión de horas sobre aquellas personas sorprendidas en cuatro supuestos: cometiendo un delito, después de cometerlo, cuando son perseguidas y capturadas y después de haberlo cometido o cuando se les encuentran objetos en su posesión de los que se puede deducir que han participados recientemente en un delito.

Lo que no se preveyó fue el efecto colateral evidente: el aumento de la población carcelaria. Las catorce prisiones de Costa Rica reúnen una población de más de 14.000 internos, un 42,4 por ciento por encima de su capacidad, que es de 9.828 plazas, de acuerdo con datos de la Defensa Pública. Para Naciones Unidas una sobrepoblación carcelaria por encima del 20 por ciento es inaceptable.

Algunos de esos internos se hallan cumpliendo penas por el robo de un queso y dos jamones, por el hurto de 10 latas de atún o 19 chocolatinas, o el hurto de unas flores en un cementerio.

Los MASC, y, en especial, la Justicia Restaurativa, una solución

El programa de Justicia Restaurativa está dirigido, precisamente, a este tipo de público, los “primarios”, los que han delinquido por primera vez. Son casos, principalmente de conducción temeraria, homicidio imprudente, lesiones, allanamiento de morada, hurto agravado y atenuado, robo de coches, amenazas agravadas y apropiación indebida entre otros. Delitos castigados con hasta 3 años de cárcel.

El objetivo de este programa es dar una segunda oportunidad a estas personas e impedir que entren en la cárcel a cambio de que cumpla una medida correctora y pague una multa.

La Constitución costarricense, al igual que la española, dice que las penas de prisión deben estar orientadas a la rehabilitación del delincuente. Está claro que, con el actual estado de cosas, la entrada en prisión de estas personas “primarias” agravaría su destino. Las cárceles de este país, como las de otros muchos, son auténticas universidades del crimen.

La Justicia Restaurativa cumple el fin establecido en la Carta Magna desde el enfoque de la prevención.

Este programa comenzó a caminar en 2012, liderado por la magistrada de la Corte Suprema costarricense, Doris Arias. El Poder Judicial de Costa Rica, a diferencia del español, es independiente. Administra su propio presupuesto y su propia organización, tanto de funcionarios como de inmuebles. Además, dentro del Poder Judicial “tico” están integrados la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Policía Judicial. Sus máximos responsables son los 22 magistrados de la Corte Suprema, actualmente presidida por Zarela Villanueva.

"Era el momento de apostar por una solución probada y contrastada en el mundo entero, por la Justicia Restaurativa. Teníamos al aval de Naciones Unidas, que lo estaba impulsando. No nos equivocamos. Los resultados han demostrado que la Justicia Restaurativa es un buen complemento a la justicia tradicional. Más rápida, más barata y deja satisfechos a todos", explica la magistrada Arias.

A diferencia de la justicia tradicional, la justicia restaurativa reserva un papel fundamental a la víctima. No hay sala de vistas ni nada que se le parezca sino un círculo de sillas, un círculo de paz, en las que se sientan el juez-facilitador, el imputado, su abogado, el fiscal, la víctima, un representante de la sociedad y un psicólogo o trabajador social.

Según Ekaterina Barquero, psicóloga del programa de Justicia Restaurativa, este tipo de justicia “brinda a la víctima y a la persona ofensora la posibilidad de expresar los sentimientos y los daños causados por el delito cara a cara. A partir de ese diálogo, la persona imputada debe asumir su responsabilidad en la reparación del daño a la víctima y a la comunidad. Esta es una condición no negociable”.

Su eficacia está materialmente comprobada: el 95 por ciento de éxito en los más de 300 casos abordados durante este tiempo en San José, y desde no hace mucho en Pavas y Heredia.

El coste entre un tipo de justicia y la otra, además, es esclarecedor: Un caso por la jurisdicción penal ordinaria tarda en resolverse, en Costa Rica, una media de 2 años y tiene un costo de 6.665.157 colones (9.803 euros); ese mismo caso tarda en solucionarse a través de la justicia restaurativa una media de dos meses y el costo es de 339.998 colones (500 €); un 95 por ciento más barata.

“La Justicia Restaurativa”, cuenta la magistrada Arias, “no viene a sustituir a la justicia tradicional. Al contrario, es un complemento, una alternativa. Una alternativa muy eficaz”.

El éxito de la Justicia Restaurativa ha empujado a la magistrada Arias a abrir nuevos campos en el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, en lo que Costa Rica también es pionera.

Este programa brinda una atención especializada e integral a las personas imputadas que presentan una problemática de consumo de sustancias psicoactivas y que, como consecuencia de dicha problemática, cometen delitos. Y se hace con la misma metodología que la Justicia Restaurativa, con el llamado círculo de paz. Se aplica, igualmente, a aquellos delincuentes “primarios” y sin antecedentes penales y se les ayuda a salir de la droga mediante tratamientos.

Casas de Justicia

Casas de Justicia surgieron en el año 2000 como parte del compromiso del Gobienro de Costa Rica para ofrecer a la ciudadanía servicios gratuitos y profesionales para resolver sus conflictos mediante la resolución alternativa de conflictos, la RAC, la mediación.

Las Casas de Justicia dependen del Ministerio de Justicia y Paz y se organizan a través de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, la DINARAC. Actualmente hay 18 a lo largo y ancho de Costa Rica. Cada una de ellas tiene al frente un director, que es un licenciado en derecho. Cuentan con una plantilla media de mediadores voluntarios de 270 perosnas, todos capacitados en resolución alterna de conflicos. Se trata de personal cualificado que procede de todos los órdenes profesiones; todos ellos son voluntarios.

Las Casas de Justicia son, de hecho, oficinas de orientación legal en las que se trata de instar a las partes que tienen conflictos a resolverlos de forma pacífica y dialogada. Los conflictos más comunes que se afrontan son casos de familia –pensiones alimenticias, régimen de visitas, disolución del vínculo, cuidados de adultos mayores-; vecinales –por linderos, colindancias, servidumbres, ruidos excesivos, problemas con animales, estacionamiento en lugares inadecuados-; por préstamos y deudas –alquileres atrasados, de dudas de arrendamiento, arreglos del inmueble alquilado, pagos de depósitos…-; consumo y laboral.

Según Carolina Hidalgo, directora de la DINARAC, “está más que contrastada. Un proceso judicial en Costa Rica cuesta de media por habitante 90 dólares. En nuestro caso, nada. Tarda entre 17 y 26 meses. En el caso de Casas de Justicia, un máximo de 2 meses y el grado de cumplimiento es del ciento por ciento mientras que en la Justicia ordinaria depende de cada caso. En 2013 atendimos 53.410 casos. Este es un servicio público muy eficaz”.

En este año, la DINARAC está haciendo un gran hincapié en la prevención de homicidios. Han descubierto que la mayor parte de las muertes se producen a través de las relaciones interpersonales. Amigos, familia. Difícil control de la violencia.

“Lo más importante de Casas de Justicia es que servimos a los más necesitados. Esa es la clave de nuestro trabajo y de nuestro éxito”, termina diciendo la directora de la DINARAC.

Jueces conciliadores, Justicia Restaurativa y Casas de Justicia, tres enfoques valientes, novedosos y eficaces para el siglo XXI. ¿Una nueva forma de entender la Justicia? Sin duda.